Las nuevas disposiciones de Ley Núm. 8-2017 conocida como la Ley del empleador Único trajo consigo la derogación de la ley 184-2004, según enmendada legislación que regía en todas las áreas de la administración de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.
Esta nueva ley persigue la flexibilidad necesaria para atender la prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía mediante la movilidad de empleados públicos. Se convierte al Gobierno como un empleador único y no las diferentes agencias del gobierno central.
En este esquema se unificará la administración de los recursos humanos de todas las agencias e instrumentalidades del gobierno central. Se centralizara los planes de clasificación y retribución agrupando a todos los empleados con funciones iguales o similares, establecerá un sistema de evaluación de personal uniforme, sistema de entrevistas estructuradas, fortalecerá los planes de desarrollo del capital humano y fomentará el reclutamiento interno para llenar los puestos vacantes.
Esta política pública persigue que se mejore la productividad, eficiencia, motivación y la prestación de los servicios a los ciudadanos donde sean utilizados el recurso humano en las agencias que más lo necesitan. Por ejemplo; el Departamento de Hacienda para mayor captación del IVU, Policía de PR necesidad de empleados civiles para tareas administrativas, entre otras.
Otro aspecto interesante es que aunque esta ley no aplica a rama legislativa, judicial, Universidad de PR y corporaciones públicas, entre otras. En el caso de las Corporaciones públicas o públicos privadas le aplicará el mecanismo de la movilidad ósea que podrán trasladarse empleados de una a otra según la necesidad de estas.
Estará a cargo de esta restructuración gubernamental la Oficina de Administración y Trasformación de los Recursos Humanos del Gobierno de PR (OATRH), quien tendrá la monumental tarea de centralizar y unificar todas estas agencias bajo una sola.
Esperamos que esta iniciativa redunde en un gobierno con un capital humano centralizado, con mayor capacitación, menos burocrático y más costo efectivo y que brinde un mejor servicio al país.
*La autora es Consultora de Recursos Humanos y Laborales, ofrece servicios de mediación y arbitraje laboral privado. (Teléfono: 787-397-9591).